UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar los riesgos, señales de alerta y tipologías del financiamiento de la proliferación, intercambiar experiencias y mejores prácticas, y fomentar la cooperación y coordinación internacional.

Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha contra el Financiamiento de la Proliferación, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), el Royal United Services Institute (RUSI) de Reino Unido y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El evento fue inaugurado por la directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Angélica Romero; el encargado de Negocios ad interim de la Embajada de los EE.UU. en Chile, Baxter Hunt; el investigador del Centro de Delitos Financieros y Estudios de Seguridad del RUSI, Emil Dall; y el director de la UAF, Javier Cruz.

El objetivo del encuentro es analizar los riesgos, señales de alerta y tipologías del financiamiento de la proliferación[1] (FP), intercambiar experiencias y mejores prácticas, y fomentar la cooperación y coordinación internacional.

En la conferencia participan representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, se invitó a representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatil el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Durante la primera jornada se abordaron las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) sobre Corea del Norte e Irán; las obligaciones internacionales en materia de FP[2]; las tipologías de FP; los ataques cibernéticos de Corea del Norte al sector financiero mundial; y el cumplimiento regional de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente de las R2 (cooperación y coordinación nacional) y R7 (sanciones financieras dirigidas (SFD) relacionadas con la proliferación), y de los Resultados Inmediatos RI 1 (los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son comprendidos y, en tal caso, se toman acciones coordinadas a nivel nacional para combatir el LA/FT y la proliferación) y RI 11 (se les impide a las personas y entidades implicadas en la proliferación de armas de destrucción masiva a obtener, transferir y utilizar fondos, de conformidad con las RCSNU relevantes).

Respecto de este último punto, Juan Manual Portilla (experto técnico del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica) detalló que solo el 20% de los 10 países[3] que han sido examinados en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua (EM) cumple la R7, el 50% mayormente cumple, el 20% parcialmente cumple y el 10% no cumple. En tanto, el 30% tiene un cumplimiento sustancial del RI 11, el 30% moderado y el 40% bajo.

“Existe dificultad en la región para demostrar cumplimiento de las obligaciones de congelamiento de FP, en especial en relación con las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). En algunos casos hay carencia de procedimientos para la identificación y congelamiento en los términos establecidos por el GAFI para la implementación de las RCSNU 1718 y 1737. Además, hay capacitación limitada de los sujetos obligados sobre sus obligaciones para asegurar la aplicación de las SFD de FP sin demora, y faltan recursos para monitorear de forma más efectiva a las APNFD en relación con el cumplimiento de las obligaciones de las SFD”, dijo Portilla, añadiendo que hay desafíos para obtener información actualizada y precisa sobre el beneficiario final de las estructuras jurídicas, lo que impacta en la efectividad para implementar las SFD relacionadas con la proliferación.

 

[1] Si bien el GAFI aún no ha acordado una definición de trabajo válida acerca del término “financiamiento de la proliferación”, se entiende, según lo publicado por este grupo en el documento "Buenas Prácticas de la Recomendación Nº2" que "Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable”.

[2] Guía del GAFI en la Lucha contra el Financiamiento de la Proliferación en https://www.uaf.cl/asuntos/docs_gafi.aspx?id=2

[3] Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

 

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