LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES DEL CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART 38 DE LEY N°19.913

La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chilena a las obligaciones internacionales de Naciones Unidas y del GAFI.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública oficializó la Ley N°21.163 que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre financiamiento del terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masiva (PADM)[1], en el artículo 38 de la Ley N° 19.913, que creó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

El fundamento de la iniciativa, publicada el sábado 13 de julio en el Diario Oficial, es la necesidad de adecuar la normativa chilena para poder cumplir los estándares internaciones sobre la materia, y que son objeto de procesos de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo regional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)[2].

Las Recomendaciones N°6 y N°7 del GAFI establecen que los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del CSNU relativas a la prevención, represión e interrupción del FT y PADM. Es así como se exige congelar sin demora los fondos u otros activos, y asegurar que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de alguna persona o entidad designada o bajo la autoridad del CSNU, dentro del Capítulo VII de la Carta de la ONU.

En Chile, es a través del artículo 38 de la Ley N°19.913 que se incorpora al ordenamiento jurídico la facultad de congelar fondos y otros activos financieros o recursos económicos de personas y/o entidades listadas en las Resoluciones del CSNU.

Sin embargo, y por el trabajo continuo del CSNU y la emisión de nuevas Resoluciones relativas al FT y PADM, se requería modificar el artículo 38 de la Ley N°19.913, incluyendo expresamente dichas Resoluciones para así poder cumplir con las obligaciones del CSNU y del GAFI, lo que finalmente ocurrió con la Ley N°21.163, que fue despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019.

 


[1] 1.373 de 2001, sobre Las amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo; 1.718 de 2006, sobre No proliferación/República Popular Democrática de Corea; 1.737 de 2006, sobre No proliferación; 1.747 de 2007, sobre No proliferación; 1.803 de 2008, sobre No proliferación; 1.929 de 2010, sobre No proliferación; 1.988 de 2011, sobre Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas; 1.989 de 2011, sobre Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas; 2.253 de 2015, sobre Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas; 2.356 de 2017, sobre No proliferación/República Popular Democrática de Corea; y 2.371 de 2017, sobre No proliferación/República Popular Democrática de Corea.

[2] Las evaluaciones que Chile ha tenido corresponden a los años 2006 y 2010. La próxima Evaluación Mutua del Gafilat, en el marco de su Cuarta Ronda, tendrá lugar a partir de 2019, y finalizará en 2020 con la revisión del Informe Final bajo la metodología del GAFI, aprobada en 2012, que comprende criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) y de efectividad real.