GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 26 A 30 DEL GAFI

En sexta reunión, el Grupo 1 abordó la Regulación y supervisión de las instituciones financieras (R26), Facultades de los supervisores (R27), Regulación y supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD (R28) y las Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas (R30).

Este miércoles se llevó a cabo la sexta reunión del Grupo N° 1 de Actualización Normativa de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) 2018-2020.

Durante el encuentro, que fue liderado por la encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero, Carolina Rudnick, y el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, se analizaron las Recomendaciones 26, 27, 28, y 30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las brechas de Chile para cumplirlas.

Dichas Recomendaciones dicen relación con las facultades y responsabilidades de las autoridades competentes respecto de: Regulación y supervisión de las instituciones financieras (R26), Facultades de los supervisores (R27), Regulación y supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD (R28) y Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas (R30).

“Cuando Chile sea evaluado por su cumplimiento de las 40R del GAFI,  como país vamos a tener que mostrar, por ejemplo, si tenemos medidas legales o normativas para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan o sean el beneficiario final de una institución financiera, así como también demostrar que las instituciones financieras cumplen con los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que los supervisores tenemos la facultad para imponer sanciones disciplinarias/financieras, y potestad para retirar, restringir o suspender la licencia de la institución financiera, cuando sea el caso”, explicó Tomás Koch, añadiendo que ello también aplica para los casinos y demás categorías de APNFD (agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, notarios y otros).

Por su parte, Carolina Rudnick recordó que los países deben asegurar que las autoridades puedan desarrollar investigaciones financieras, y congelar y embargar bienes, dentro de las políticas nacionales antilavado de activos y antifinanciamiento del terrorismo.

En la reunión de este miércoles participaron representantes de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (Brilac), Comisión para el Mercado Financiero, Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego y Superintendencia de Pensiones.