REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020

Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descuidaron las medidas de prevención. Bancos, AFP y corredoras de bolsas de valores lideraron las cifras de reporte.

La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y público continúen con su labor de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Así se desprende del Informe Estadístico[1] de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que da cuenta que, en 2020, los sujetos obligados, esto es, 38 actividades económicas y más de 400 instituciones públicas, enviaron a este Servicio 6.201 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre los referidos delitos, lo que representa un aumento de 29,2% anual.

Al analizar la cifra se observa que 9 sectores económicos concentraron el 91% de los ROS enviados a la UAF durante el 2020, siendo los bancos los que más reportaron: 3.171 ROS, equivalente a un 51,1% del total, cifra que se sitúa por sobre el promedio de 35% de reporte histórico de este sector.  

Les siguen las AFP (con 930 ROS, 15,0%), las corredoras de bolsas de valores (416 ROS, 6,7%), las cajas de compensación (401 ROS, 6,5%), las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (252 ROS, 4,1%), las cooperativas de ahorro y crédito (144 ROS, 2,3%), las empresas de transferencia de dinero (136 ROS, 2,2%), los casinos de juego (127 ROS, 2,0%) y las compañías de seguros (110 ROS, 1,8% del total).

“Desde marzo del año pasado, el país está en estado de excepción constitucional de catástrofe, lo que ha significado, entre otros, el cierre a público de diversos establecimientos y el confinamiento de las personas por periodos prolongados. En un escenario de intermitencia de las actividades, preveíamos una disminución en el volumen de reportes por el impacto de la cuarentena en las áreas de compliance, o bien, por la dificultad de algunas entidades para adoptar, por ejemplo, el teletrabajo. Las cifras reflejan que, pese a la pandemia, los sujetos obligados no han descuidado sus obligaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.

Respecto de las entidades públicas, recordó que desde febrero de 2015 están obligadas a informar a la UAF las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Para ello han debido implementar sistemas antilavado de activos y anticorrupción, y capacitar permanentemente a sus funcionarios en estos temas. Entre 2016 y 2020, el sector público ha enviado 394 ROS a la UAF.

PROCESOS DE INTELIGENCIA

Para cumplir con su misión legal de prevenir e impedir la utilización de la economía chilena para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), la UAF realiza procesos de inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter público.

Según el Informe Estadístico, la UAF detectó indicios de LA/FT en 295 ROS durante el 2020. La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 49 Informes de Inteligencia Financiera. Entre 2016 y 2020, la información de 1.648 ROS con indicios de LA/FT ha estado contenida en 337 informes o complementos de informes[2].

Paralelamente, y para las investigaciones de LA/FT que lleva adelante, el organismo persecutor realizó 90 consultas a la UAF, asociadas a 752 personas naturales y jurídicas. En el quinquenio 2016-2020, la UAF ha recibido 483 consultas del Ministerio Público sobre 5.030 personas.

Asimismo, en el año 2020, las Unidades de Inteligencia Financiera extranjeras hicieron 17 consultas a la UAF, relacionadas con 132 personas naturales y jurídicas. En tanto, la UAF envió 23 solicitudes de información, que involucraron a 110 personas. Estos intercambios de información se dieron a través de la red del Grupo Egmont.

OPERACIONES EN EFECTIVO

Un insumo relevante para el análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas son los movimientos de dinero en efectivo superiores a USD 10.000. La UAF recibe dicha información a través de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que le envían las entidades privadas en forma mensual, trimestral o semestral (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) y las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) que le remite el Servicio Nacional de Aduanas.

De acuerdo con el Informe Estadístico, en 2020, la UAF recibió información de 2.086.437 ROE (-26,2% anual) y de 7.249 DPTE (-70,5% anual). Las disminuciones se explican, respectivamente, por la menor actividad económica, a raíz de la pandemia de COVID-19, que redujo las transacciones en efectivo sobre USD 10.000, en particular en los sectores bancario y transporte de valores, y por las restricciones de movilidad que afectaron al transporte transfronterizo de dinero.

SUPERVISIÓN Y SANCIÓN

En 2020, producto de la pandemia de COVID-19, la UAF privilegió las acciones de supervisión de monitoreo remoto por sobre las visitas in situ, las que se concentraron en 16 sectores de 31 comunas de 12 regiones del país. Las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, las corredoras de propiedades, las empresas de factoraje, las administradoras generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión fueron las que concentraron las fiscalizaciones remotas de la UAF durante el año pasado.

Cuando la UAF detecta incumplimientos de las obligaciones legales establecidas en la Ley N°19.913 o en la Circulares UAF para prevenir el LA/FT, inicia procesos sancionatorios administrativos que pueden terminar con amonestaciones y multas a beneficio fiscal. En 2020, el Servicio inició 62 procesos contra empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, notarios, empresas de factoraje, casas de cambio y usuarios de zonas francas, entre otros.  Además, la UAF cerró 58 procesos sancionatorios que estaban en curso. De estos, 46 resultaron con amonestación escrita y multa, 9 fueron archivados, 2 recibieron amonestación escrita y 1 fue absuelto.

CAPACITACIÓN

Por los efectos de la pandemia de COVID-19, la UAF debió suspender las capacitaciones presenciales y focalizar sus esfuerzos para aumentar la cobertura de los cursos e-Learning, que se desarrollan a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

Así, el año 2020 cerró con 3.528 personas capacitadas, pertenecientes a 1.074 sujetos obligados (privados y públicos). Entre 2016 y 2020, la UAF ha capacitado a 13.918 personas.

Finalmente, destaca la realización, durante el año pasado, del curso en línea “Concientización del Lavado de Activos”, elaborado por la UAF y  el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República, dirigido a todos los funcionarios y servidores de los sectores público y municipal, y el Diplomado en “Investigación de Lavado de Activos”, organizado por Carabineros de Chile, en conjunto con la UAF y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) del Ministerio Público.


[1] El Informe Estadístico 2020 se encuentra disponible en https://www.uaf.cl/prensa/estadisticas.aspx

[2] Recibidos los Informes de Inteligencia de la UAF, el Ministerio Publico los vincula con un Rol Único de Causa (RUC), lo que da origen a una investigación por LA/FT (o agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial.