USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $33.407 millones, entre multas y decomisos.

El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o disimular los dineros obtenidos ilegalmente.

Así se desprende del VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile[1], que analiza las 197 sentencias definitivas condenatorias por el mencionado delito, que los Tribunales de Justicia han dictado entre los años 2007 y 2020, y que involucran a 412 personas naturales condenadas (286 hombres y 126 mujeres).

El documento, elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, se da a conocer esta semana, en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos, que se celebra cada 18 de diciembre para recordar la entrada en vigencia, en el año 2003, de la Ley N°19.913, que creó a la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de blanqueo de capitales, configurándose con ello la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo. Además, el lanzamiento del Informe coincide con la celebración del 20° aniversario de la ULDDECO.

Según la publicación, entre 2007 y 2020, los Tribunales del país han dictado 136 sentencias por lavado de activos proveniente de la delincuencia organizada (260 personas condenadas); 43, de la corrupción (117 condenados) y 18, de delitos económicos (35 condenados). El tráfico de drogas y la malversación de caudales públicos son los delitos precedentes con más dictámenes (123 y 24 sentencias, respectivamente).

De las 197 sentencias, 194 se dictaron tras la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. De ellas, el 83,2% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 14,7% corresponde a juicios orales (ordinario) y el 0,5% a procedimientos simplificados.

Al analizar las sentencias se observa que el uso de testaferros y de personas y estructuras jurídicas es lo más frecuentemente utilizado por los delincuentes para lavar activos en el país. Más atrás se ubican el fraccionamiento o “pitufeo”[2], el uso de profesionales legales y/o financieros (o “gatekeepers”) y el “black market peso exchange”[3].

Respecto del uso de personas y estructuras jurídicas, un 29,1% es de sociedades de fachada, un 24,5% de sociedades de pantalla y un 14,5% de sociedades de papel.

En cuanto a los productos financieros más utilizados para blanquear, el Informe de la UAF destaca que son el dinero en efectivo, las cuentas bancarias y las transferencias electrónicas (nacionales e internacionales).

En tanto, los sectores más vulnerados en los procesos de lavado siguen siendo los notarios y las automotoras, seguidas de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios (corredores de propiedades y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria) y las casas de cambio. Precisar que, de estas actividades, las automotoras no son entidades supervisadas por la UAF, ya que no forman parte del listado que expresamente regula el artículo 3° de la Ley N°19.913. Por tanto, no están legalmente obligadas a adoptar sistemas de prevención y de detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Asimismo, el Informe menciona que las señales de alerta más observadas en las sentencias condenatorias son:

  • Compras realizadas para terceros, que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes.
  • Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente.
  • Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados.
  • Cliente que realiza reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.

MULTAS Y PENAS DE COMISO

Según el VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta, las 197 sentencias han generado multas por $21.636 millones. El 99,7% del total se concentra en tres delitos base: Contrabando (76,1%), los relacionados con la corrupción (19,3%) y el tráfico de drogas (4,3%).

Por su parte, el valor del comiso[4] asciende a $11.771 millones (USD 16,5 millones[5]): $4.907 millones corresponden a 148 bienes inmuebles (76 de los cuales ubicados en la Región Metropolitana), $3.626 millones a dinero (efectivo (billetes y monedas), divisas y bancario (cuentas corrientes, depósitos a plazos, etcétera)), $3.133 millones a 363 vehículos, $20 millones a 2 maquinarias y $86 millones a otros activos (incluye monedas de oro y derechos de llave, entre otros).  

De esta manera, el impacto de las sentencias por lavado de activos asciende a $33.407 millones (USD 47 millones), entre multas y decomisos.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONDENAS

Al desglosar por regiones, el Informe precisa que las 197 sentencias se dictaron en 11 regiones del país, siendo la Metropolitana la que concentra el mayor número: 143, que incluyen a 323 personas condenadas, equivalente al 72,6% del total.  

Le siguen las regiones de Valparaíso (16 sentencias, 8,1% del total y 29 personas condenadas), del Libertador Bernardo O’Higgins (10 sentencias, 5,1% del total y 11 condenados), la de Tarapacá (9 sentencias, 4,6% del total y 24 condenados) y la del Biobío (5 sentencias, 2,5% del total y 5 condenados).

Las 14 sentencias condenatorias restantes fueron dictadas en las regiones de Los Lagos (4 sentencias, 9 condenados), Arica y Parinacota (3 sentencias, 3 condenados), Coquimbo (3 sentencias, 3 condenados), La Araucanía (2 sentencias, 2 condenados), Maule (1 sentencia, 2 condenados) y Atacama (1 sentencia, 1 condenado).

 

Cabe destacar que el Informe de la UAF sistematiza la información de las 197 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos en 110 casos, a través de los cuales se identifican los diversos mecanismos que se han utilizado para ingresar activos de origen ilícito a la economía chilena (sectores económicos vulnerados, productos financieros utilizados, personas y estructuras jurídicas involucradas, señales de alerta, tipologías, delitos base, etcéterera).

 

[1] Disponible en https://bit.ly/3GFBmxn

[2] Dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas, con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero.

[3] Conjunto de operaciones asociadas al cambio de divisas de origen ilícito, con el propósito de incorporarlas posteriormente en el sistema financiero. Este mecanismo puede incorporar una o más técnicas de blanqueo.

[4] La valoración de las penas de comiso, sobre la base de las sentencias definitivas condenatorias, y respecto de los bienes situados en Chile, permite estimar, de forma aproximada, el valor económico de los activos que los Tribunales de Justicia han determinado que han sido lavados en el país.

[5] Dólar observado de $711,24, al 30 de diciembre de 2020.

 

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