EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesados que contenían indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de las investigaciones que realiza sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Así se desprende de la Serie Estadística de la UAF, que arroja que, en enero-junio 2023, el Servicio recibió 66 consultas de la Fiscalía (versus 42 de igual periodo de 2022), sobre 561 personas naturales o jurídicas (versus 271 (+107% anual)).

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N°19.913 que señala que el Ministerio Público puede requerir a la UAF los antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de LA/FT que practique, se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que se encuentren.

La comunicación de ello, según los protocolos establecidos, se realiza a través de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociado (ULDDECO), a la cual la UAF no solo responde los requerimientos de información, sino también envía sus Informes de Inteligencia Financiera con casos procesados que contienen indicios de LA/FT.

Al respecto, en el primer semestre, la UAF remitió 38 Informes y complementos de Informes de Inteligencia Financiera a la Fiscalía (+11,8% anual). Ello, tras aplicar procesos de inteligencia y encontrar señales indiciarias de LA/FT en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibe de los sujetos obligados, a saber, 55 actividades económicas y el sector público y municipal.

Recibidos los Informes de la UAF, la Fiscalía los vincula con un RUC (Rol Único de Causa), lo que da inicio a una investigación penal por LA/FT (o agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos policiales intrusivos y encubiertos.

En los primeros 6 meses de año, la UAF recibió 5.764 ROS (+6,8%), de los cuales 3.174 fueron enviados por los bancos, 558 por las AFP, 388 de las empresas de transferencia de dinero, 358 por los corredores de bolsas de valores y 275 de las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos u otro similar.

Las instituciones públicas y municipales, que desde febrero de 2015 están habilitadas para reportar operaciones sospechosas a la UAF, enviaron 55 ROS en el periodo (versus 51 de enero-junio 2022).

SECTOR

ROS ENVIADOS

Ene-Jun 2023

ROS ENVIADOS

Ene-Jun 2022

Variación anual %

Bancario

3.174

2.796

+13,5%

Financiero no bancario

2.369

2.387

-0,8%

No financiero-APNFD[1]

166

163

+1,8%

Instituciones públicas

55

51

+7,8%

TOTAL

5.764

5.397

+6,8%

 

Tras aplicar procesos de inteligencia a todos los ROS contenidos en la base de datos institucional, la UAF encontró señales indiciarias de LA/FT en 181 reportes. De ellos, 115 fueron remitidos por los bancos, 16 por las AFP, 9 por los corredores de bolsas de valores, 8 por las instituciones públicas y 7 por las administradoras de fondos generales. La información analizada fue derivada confidencial y oportunamente al Ministerio Público, a través de los mencionados Informes de Inteligencia Financiera.

La tendencia creciente de la cantidad total de reportes ROS recibidos por la UAF no solo se explica por las cada vez más personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes, sino también por la mayor comprensión de la normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados, que les permite, entre otros, conocer sus riesgos y ser capaces de detectar oportunamente transacciones que pudieran ser indiciarias de la comisión de dichos delitos. En ello influyen las acciones de capacitación (presencial, híbrida y cursos e-learning) y fiscalización (en terreno y remotas) de la UAF, que permiten dirigir y supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades reportantes.

Puntualizar que, en el primer semestre de 2023, las 60 fiscalizaciones de la UAF se concentraron en los notarios, las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, las administradoras generales de fondos, las empresas de factoraje (factoring), las empresas de transferencia de dinero y en las casas de cambio.

En el lapso, la UAF inició 76 procesos sancionatorios administrativos (por incumplimientos de la Ley N°19.913 y de las Circulares UAF), principalmente a empresas de factoraje (22), administradoras de fondos de inversión (16) y a empresas de transferencia de dinero (14).

 

[1] APNFD: Actividades profesionales no financieras designadas.

 

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