561 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2022

En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $43.803 millones, entre multas y decomisos.

En Chile, 561 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 16 años, derivado principalmente del tráfico de drogas, pero también de la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco, la asociación ilícita, la estafa y el contrabando.

Así se desprende del IX Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile[1], que analiza las 273 sentencias definitivas condenatorias que los Tribunales de Justicia han dictado por el mencionado delito entre los años 2007 y 2022, y que involucran a 379 hombres y a 182 mujeres.

El documento, elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la colaboración de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos  (ULDDECO) del Ministerio Público, se da a conocer en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos[2], que se celebra cada 18 de diciembre para recordar la entrada en vigencia, hace ya 20 años, de la Ley N°19.913, que creó a la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de blanqueo de capitales, configurándose con ello la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Según la publicación, y respecto del Informe anterior, las sentencias por lavado de activos proveniente de la delincuencia organizada subieron de 164 a 198 (las personas condenadas, de 303 a 369); las ligadas a la corrupción, de 45 a 54 (los condenados, de 124 a 149) y las por delitos económicos se mantuvieron en 20 (38 personas sentenciadas)[3].

El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el trabajo de los fiscales adjuntos del país, quienes han logrado encabezar investigaciones que culminan en enjuiciamientos con condenas, que sancionan con penas de cárcel y pérdida de activos ilícitos en un número creciente de casos.

Indicó que lo anterior se ha reforzado con “la ampliación de los apoyos desde todas las unidades de la Fiscalía Nacional que asesoran en los delitos base de lavado de dinero, y con la creación de la Unidad de Apoyo Financiero Patrimonial (INFIPAT)”.

De acuerdo con el Informe, el tráfico de drogas sigue siendo el delito precedente con más dictámenes (149), seguido de la malversación de caudales públicos (27), el fraude al fisco (11) y la asociación ilícita (8). Por estos delitos se condenaron a 270, 102, 20 y 27 personas, respectivamente.

El 2022 fue el segundo año con mayor dictación de sentencias por lavado de activos (44) y de personas condenadas por ese delito (97), después de lo ocurrido en 2019 cuando se comenzó a sancionar la malversación ocurrida en Carabineros de Chile (caso Verde Austral).

De las 273 sentencias, 270 se dictaron tras la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. De ellas, el 82,8% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 15,0% corresponde a juicios orales (ordinario) y el 1,1% a procedimientos simplificados. La Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de sentencias (191), seguida de la de Valparaíso (16), Arica y Parinacota (13) y de Tarapacá (12).

Al analizar las sentencias se observa que el uso de testaferros y la creación de personas y estructuras jurídicas es lo más frecuentemente utilizado por los delincuentes para lavar activos en el país. Más atrás se ubican el fraccionamiento o “pitufeo”[4], las operaciones ficticias (de compraventa de bienes o elaboración de contratos de arriendo o laborales ficticios), el uso de profesionales legales o financieros (o “gatekeepers”), la emisión de boletas/facturas falsas y el transporte físico de dinero. Al desagregar la tipología de creación de personas y estructuras jurídicas se observa que el uso de sociedades de pantalla[5] se encuentra presente en el 54,5% del total de casos analizados.

En cuanto a los productos financieros más utilizados para blanquear, el Informe de la UAF destaca que son el dinero en efectivo, las cuentas bancarias y las transferencias electrónicas (nacionales e internacionales). Luego figuran los créditos, los cheques, los vales vista, los depósitos y las facturas.

Al igual que en el Informe anterior, los sectores más vulnerados en los procesos de lavado son los notarios, las automotoras, los conservadores de bienes raíces y los bancos. Precisar que, de estas actividades, las automotoras fueron ingresadas recién en mayo de 2023 al artículo 3° de la Ley N°19.913, por lo que deben adoptar sistemas de prevención y de detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Asimismo, el Informe 2007-2022 menciona que las señales de alerta más observadas en las sentencias condenatorias son:

  • Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente (presente en 96 casos).
  • Compras realizadas para terceros, que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes (88 casos).
  • Cliente que realiza reiteradas operaciones a nombre de terceras personas (77 casos).

MULTAS Y PENAS DE COMISO

Según el IX Informe de Tipologías y Señales de Alerta, las 273 sentencias han generado multas por $26.774 millones, equivalente a unos USD 31,1 millones[6]. El 99,2% del total se concentra en tres delitos base: Contrabando (74,4%), los relacionados con la corrupción (19,0%) y el tráfico de drogas (5,7%).

Por su parte, el valor del comiso[7] asciende a $17.029 millones (unos USD 19,8 millones[8]): $6.709 millones corresponden a 168 bienes inmuebles (84 de los cuales ubicados en la Región Metropolitana), $5.118 millones a dinero (billetes, monedas, divisas y bancario), $5.068 millones a 484 vehículos, $24,6 millones a 2 maquinarias y $109 millones a otros activos (incluye monedas de oro y derechos de llave, entre otros).  

De esta manera, el impacto de las sentencias por lavado de activos asciende a $43.803 millones, entre multas y decomisos (unos USD 51 millones[9]).

Puntualizar que el Informe de la UAF sistematiza la información de las 273 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos en 146 casos, a través de los cuales se identifican los diversos mecanismos que se han utilizado para ingresar activos de origen ilícito a la economía chilena (sectores económicos vulnerados, productos financieros utilizados, personas y estructuras jurídicas involucradas, señales de alerta, tipologías, delitos base, etcétera).

 

[1] Disponible en https://bit.ly/3YCIaFY

[2] Más información del Día Nacional Antilavado en https://bit.ly/3HF394N

[3] No se contabiliza una sentencia con 5 condenados por estar reservada la causa.

[4] Dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas, con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero.

[5] Sociedades legales, con existencia física, que cumplen con la actividad económica señalada en su giro, y que son usadas por los delincuentes para mezclar sus fondos ilícitos con las ganancias obtenidas a través del giro de dichas empresas.

[6] Dólar observado de $859,51, al 30 diciembre de 2022.

[7] La valoración de las penas de comiso, sobre la base de las sentencias definitivas condenatorias, y respecto de los bienes situados en Chile, permite estimar, de forma aproximada, el valor económico de los activos que los Tribunales de Justicia han determinado que han sido lavados en el país.

[8] Dólar observado de $859,51, al 30 diciembre de 2022.

[9] Dólar observado de $859,51, al 30 diciembre de 2022.

 

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