MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES

Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra las drogas, presenta diversas estrategias a considerar para el establecimiento de un Registro de Personas Beneficiarias Finales en Chile.

Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) conocieron los resultados del Estudio de Experiencias Comparadas de Registros de Beneficiarios Finales[2], elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra las drogas (COPOLAD).

El documento es parte integral de la línea de acción del Programa COPOLAD III de entregar una “Asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos del III Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación y de la Política Nacional contra el Crimen Organizado de la República de Chile”.

Entre dichos objetivos está el de aumentar la transparencia de los vehículos corporativos, a raíz de la creciente complejidad de las estructuras societarias utilizadas en operaciones que pueden estar vinculadas a actividades ilícitas como el lavado de activos y la evasión fiscal.

Desde el IV Plan de Gobierno Abierto 2018-2020, Chile ha intentado construir un registro de beneficiarios finales. La inexistencia de este en el país fue observada en 2021, cuando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica calificó el cumplimiento técnico de las recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional (sobre transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas) como "Parcialmente Cumplida" y "Mayormente Cumplida", respectivamente; mientras que la efectividad del Resultado Inmediato 5, que evalúa si las personas y otras estructuras jurídicas no pueden ser utilizadas indebidamente para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y si la información sobre sus beneficiarios finales está disponible para las autoridades competentes sin impedimentos, recibió un “Bajo”.

En línea con las recomendaciones del Gafilat, incluidas en su Informe de Evaluación a Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, envió al Senado, en diciembre de 2023, un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales (Boletín N°16.475-05), con el objetivo de fomentar la transparencia, detectar conflictos de intereses, proteger la libre competencia, servir como herramienta para el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, satisfacer los requerimientos de información de autoridades extranjeras en virtud de acuerdos de intercambio de información firmados por Chile, y permitir la prevención, investigación y sanción de infracciones administrativas, faltas, delitos menores y graves como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con el Mensaje, dicho Registro será elaborado y administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el que deberá velar por la integridad, disponibilidad y precisión de la información contenida en él, declarada por los obligados a informar, debiendo para ello actualizarse oportunamente.

En ese contexto, la Secretaría Ejecutiva de la MILAFT, a solicitud del SII, gestionó la asistencia técnica de COPOLAD para desarrollar, durante el 2024, una consultoría y un reporte de experiencias comparadas sobre la implementación operativa de registros de beneficiarios finales.

En el primer semestre de 2024, COPOLAD contrató los servicios del consultor internacional y vocal asesor del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, Juan Manuel Vega, quien analizó la regulación vigente en materia de registros de beneficiarios finales en las 30 jurisdicciones estimadas como más significativas, exponiendo para cada una de ellas el régimen jurídico vigente, la autoridad responsable, los aspectos tecnológicos y la accesibilidad al registro.

Basándose en el análisis de la situación de esas jurisdicciones, el informe también presenta y evalúa diversas estrategias a considerar para el establecimiento de un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Así, examina las implicaciones derivadas de la autoridad o agencia responsable de la gestión, la configuración de controles previos como el uso de formularios estandarizados y campos obligatorios, los controles internos para detectar y corregir posibles inconsistencias o errores en los registros, y las verificaciones automáticas con otras bases de datos gubernamentales. Además, aborda la determinación del modelo de gestión de datos, considerando la opción entre sistemas propietarios y estándares abiertos, el régimen de acceso a los datos registrales y los costos asociados a la implementación y operación del registro.

A la reunión virtual de cierre de la consultoría y presentación del Informe asistieron más de 50 personas funcionarias de las 29 instituciones públicas que integran la MILAFT. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Francisco García, jefe de Cooperación de la Unión Europea en Chile, y Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero.

 

[1] Cada 18 de diciembre, para recordar la entrada en vigencia de la Ley N°19.913 (en 2003), que creó la UNIDAD DE Análisis Financiero y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

[2] Versión final de documento se publicará próximamente en este sitio web.

 

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